La reforma fiscal que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2015 con la aprobación de la Reforma de la Ley General Tributaria, ha introducido tanto beneficios como inconvenientes que afectarán a las decisiones que se tomen respecto al mercado inmobiliario actual y futuro, la cual plantea cambios y tendrá consecuencias no solo en el ámbito de los inversores inmobiliarios, sino que también afectará a los compradores e inquilinos.

Los primeros efectos en el sector inmobiliario español, en cuanto a tributos se refiere, son los siguientes:

  • La actualización de la renta antigua.
  • La nueva tributación en el arrendamiento de vivienda habitual tanto para el propietario como para el inquilino.
  • Más impuestos sobre la venta de activos inmobiliarios residenciales de segunda mano.
  • Exenciones referentes a desahucios o daciones en pago.

El efecto directo de las nuevas medidas es claro, la compraventa de vivienda a partir de este año saldrá más cara debido a que el vendedor tendrá que tributar mayor cantidad por las plusvalías generadas. Sin embargo, existen algunas excepciones: No tendrán que tributar aquellas personas mayores de 65 años que vendan su vivienda habitual ni los que utilicen la plusvalía para la reinversión en otra vivienda.

El efecto que se esperaba era similar a cuando se eliminó la deducción por vivienda habitual, que aumentara la compraventa de vivienda. De hecho, las transacciones de vivienda usada se dispararon un 22,6% en agosto del 2014, periodo posterior al anuncio de la medida, respecto al mismo mes de 2013. De igual modo, según datos del Colegio de Registradores de la Propiedad, tanto la tasa de variación intertrimestral como interanual de compraventas de vivienda usada en España aumentaron durante el tercer trimestre de 2014.

Venta

La reforma da una de cal y otra de arena que complica las decisiones y, una vez más, introduce el peso de la fiscalidad en el mercado inmobiliario. Con esta medida, lo que el Gobierno intenta es corregir el efecto de la inflación sobre las viviendas anteriores al año 2014, para enmendar en cierta forma, los desorbitados precios que llegó a alcanzar la vivienda durante aquella época, y que dio pie a la famosa “burbuja del sector inmobiliario”.

El aumento de los impuestos que sufrirá el vendedor de una casa se traducirá en una subida de los precios, junto a una posible reducción de las ventas y el consecuente incremento del número de casas vacías o en alquiler.

Igualmente, podría suponer un mayor incentivo a declarar un valor de venta inferior al real para minorar la plusvalía.

No es de extrañar, por tanto, que este paquete de medidas despierte reacciones negativas por parte de los sectores implicados y los colectivos afectados, en un momento en que la economía necesita ayudas para crecer y para generar el ahorro que España necesita.

Estamos en presencia de unas reformas que sitúan a la vivienda no como un bien de inversión, que es lo que tradicionalmente consideramos, sino como un bien de consumo como cualquier otro. Esto puede tener consecuencias relevantes en la actividad económica, en la inversión, en la ocupación y en la accesibilidad de las personas a su vivienda, es decir, consecuencias no solo económicas sino también sociales.

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